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La Universidad en la transición a la democracia

 

Una nueva etapa en la historia de las universidades se inició con la recuperación de la democracia en diciembre de 1983. El gobierno encabezado por Raúl Alfonsín implementó un programa para las instituciones de educación superior que comenzó con la designación de rectores y consejos superiores consultivos que tenían como propósito central iniciar un proceso de normalización. En la Universidad de Buenos Aires fue designado para conducir el proceso de normalización el Dr. Francisco Delich. De acuerdo con un decreto luego ratificado por una ley se reinstalaron los estatutos vigentes hasta la ruptura institucional de 1966. Este nuevo marco legal contemplaba también la posibilidad de la impugnación de los concursos sustanciados entre 1976 y 1983. En este contexto se impulsó, además, la reincorporación de los docentes cesanteados u obligados a renunciar por cuestiones políticas e ideológicas y comenzó la implementación de concursos comprendidos por entonces como la instancia por excelencia para el acceso al cargo de profesor. A partir de mediados de 1985 comenzaron las elecciones de los diferentes claustros con el propósito de avanzar en el proceso de normalización. En la UBA, este proceso culminó en marzo de 1986 con la reunión de la Asamblea Universitaria integrada por los representantes de los claustros de estudiantes, graduados y profesores que eligió como Rector al hasta entonces decano normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas, Oscar Shuberoff. Este último sería reelecto en tres oportunidades ejerciendo este cargo hasta el año 2002.

La política universitaria iniciada durante esos años tuvo varios ejes fundamentales. Por supuesto, terminar con las políticas de persecución y control ideológico sobre los miembros de la comunidad universitaria, propias de la dictadura, fue uno de ellos. Pero también se propuso levantar las restricciones al ingreso a la Universidad. Con ese propósito se suprimieron los aranceles y, en la mayor parte de las casas de estudios, se suprimió el examen de ingreso. En la Universidad de Buenos Aires, el ingreso directo se implementó a partir de 1985 con la creación del Ciclo Básico Común. En todo el país, la matrícula universitaria tuvo un crecimiento acelerado a partir de entonces, pero ese proceso fue especialmente intenso en la UBA. Mientras el número de nuevos inscriptos en 1982 había superado apenas los 13 mil estudiantes, en 1987 alcanzó casi los 47 mil. En 1992, la matrícula de la Universidad llegaba a los 170 mil estudiantes. 

Los primeros años de la transición democrática fueron especialmente intensos en materia de creaciones e innovaciones institucionales. La conformación del CBC en 1985 obligó a reorganizar los planes de estudios de todas las carreras. A la construcción de nuevas sedes en la Ciudad de Buenos Aires para albergar a la nueva unidad académica, se sumaron los centros regionales universitarios de Avellaneda y San Isidro con el propósito de acelerar la descentralización y regionalización de la Universidad, política que continuó más adelante con la creación de otras unidades similares en diferentes localidades de la Provincia y del Gran Buenos Aires, como Escobar, Saladillo, Tigre o San Miguel. En 1986 se creó el Programa de Educación a Distancia UBA XXI. También se crearon nuevas carreras, como las de Diseño Industrial y Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura o la de Edición en Filosofía y Letras. En 1985, se constituyó la Facultad de Psicología para albergar a la carrera que funcionaba de manera independiente y, en 1988 se fundó la de Ciencias Sociales. Ésta incluyó a las ya existentes carreras de Relaciones del Trabajo, Trabajo Social y Psicología, y a las recientemente creadas Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política. Durante este último año se inauguró también el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en el barrio de Caballito. Otros aspectos importantes desde el punto de vista institucional de aquellos años fueron la creación del Centro Universitario Devoto y el Programa UBA XXII destinados al desarrollo de los estudios de grado en unidades carcelarias y la revitalización de la política de extensión a partir de la inauguración del Centro Cultural Ricardo Rojas, institución que cumple un papel relevante en la vida cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los objetivos llevados a cabo en la nueva etapa consistió en recuperar y otorgar un lugar de privilegio a la actividad científica dentro de la Universidad. Con este propósito comenzó un proceso lento de incremento del número de dedicaciones exclusivas. También se creó, en 1986, el Programa UBACyT, destinado a otorgar subsidios para investigación científica y becas orientadas a la formación de futuros investigadores. Con el propósito de canalizar la transferencia de conocimientos y las innovaciones científicas y tecnológicas se creó la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología y, en 1991, junto a la Unión Industrial, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Confederación General de la Industria, la UBA creó la empresa UBATEC.

Durante los primeros años de la transición democrática el sistema universitario debió afrontar graves dificultades presupuestarias. En alguna medida, estas dificultades se vinculaban con el acelerado crecimiento de la matrícula. Las instituciones universitarias debieron durante estos años incrementar su plantel de docentes y empleados administrativos y resolver los problemas edilicios y de equipamiento generados por la incorporación de nuevos estudiantes. En este contexto, las universidades invirtieron recursos cuantiosos en instalaciones y equipos. Así, durante estos años la inversión universitaria en bienes de capital se incrementó considerablemente. Pero, en este contexto también, y sobre todo durante los últimos años de la década de 1980, se verificó una profunda crisis económica que provocó que el aporte fiscal a las casas de altos estudios descendiera progresivamente. Esta circunstancia, sumada al incremento de la matrícula, se tradujo en una disminución abrupta de los recursos asignados por alumno. Mientras tanto, el incremento del número de docentes se efectivizó a través del aumento del número de auxiliares, la gran mayoría de ellos con dedicaciones parciales y, en algunas facultades, incluso, con designaciones honorarias. Los salarios tanto de los docentes como de los empleados administrativos disminuyeron en estos años de manera consistente, al igual que el de la mayoría de los empleados del sector estatal. Esto se tradujo en un aumento de la conflictividad laboral en el ámbito universitario. Se sucedieron las huelgas que, como sería habitual en la UBA, tuvieron un impacto más fuerte en algunas facultades que en otras. Particularmente grave fue el conflicto que se inició durante el segundo cuatrimestre de 1987 y que se prolongó durante casi dos meses. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) denunció entonces que el salario percibido por los docentes era equivalente a un 35% del que recibían en diciembre de 1983. La huelga se levantó cuando el ciclo lectivo ya parecía perdido en varias unidades académicas.

Durante los años noventa, bajo la presidencia del Dr. Carlos S. Menem, se produjeron cambios significativos en la política universitaria implementada desde el estado nacional. Estos se tradujeron entre otros aspectos, en la creación de nuevas instituciones universitarias, tanto públicas como privadas, y en la sanción de un nuevo marco legal para el sistema universitario expresado en la ley 24.521 de Educación Superior. Este nuevo ordenamiento incluyó diversos aspectos que generaron fuertes controversias. Entre ellos se encontraba la posibilidad de que en las universidades con más de cincuenta mil estudiantes fuesen las facultades las que determinasen el sistema de ingreso, la potestad otorgada a cada institución para que, en el marco de su autonomía, impusiera aranceles para los estudios de grado y la creación de un sistema de evaluación y acreditación universitaria que cristalizó en la conformación de una agencia encargada de dichas funciones (Coneau). Ésta estaría encargada de implementar procesos evaluativos para regular la conformación y funcionamiento de un conjunto de carreras e instituciones. Algunas de estas disposiciones le permitían al Poder Ejecutivo adquirir una fuerte injerencia sobre el funcionamiento de las universidades. La UBA se opuso a diversas disposiciones de la ley, solicitando ante la Justicia la inconstitucionalidad de varios de sus artículos por sostener que vulneraban el principio de autonomía y afectaban la gratuidad de la enseñanza pública. Varios de sus reclamos fueron finalmente aceptados.

Los últimos años de la década del noventa y los primeros del nuevo siglo fueron también particularmente conflictivos a raíz del impacto de las políticas de ajuste que afectaron particularmente al sector público y al presupuesto dedicado a la educación. Las protestas de la comunidad universitaria se hicieron sentir con fuerza en esos meses a través de marchas y movilizaciones en las que participaron activamente los miembros de la comunidad universitaria porteña. Particularmente significativas fueron las que tuvieron lugar en abril de 1999 y en marzo de 2001. A comienzos del nuevo siglo la Universidad, finalmente, se seguía encontrando como a lo largo de su historia con desafíos y problemas, algunos de ellos nuevos, otros, como la elevada deserción, de larga data. Con casi 20% del total de la matrícula universitaria del país, la UBA continúa desempeñando un papel fundamental en la vida pública de la Argentina. A pesar de que el sistema universitario se diversificó considerablemente en los últimos años gracias al crecimiento la fundación de nuevas instituciones de enseñanza superior, la UBA ejerce todavía, gracias a su larga historia y al prestigio consolidado a lo largo del tiempo, un papel central en los debates y controversias sobre la vida universitaria de la Argentina.

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